Colaboración: Internet, cine y derechos de autor en México
- por © CorreCamara.com/NOTICINE.com
Por Domingo Rojo
La llamada iniciativa de Ley SOPA (Stop Online Piracity Act) que ha levantado revuelo en Estados Unidos y el mundo, pretende en términos generales prohibir la difusión indebida de cualquier tipo de contenido en Internet que esté protegido por derechos de autor y/o patrimoniales. La idea es garantizar que los auténticos propietarios de contenidos multimedia (textos, videos, películas, libros, fotografías, música, etcétera) puedan reclamar los beneficios económicos que supone una comercialización de los mismos.
La que parece justo a primera vista en realidad tiene muchas más complicaciones. Hay que advertir que existe una enorme preocupación de las grandes corporaciones, en particular las que detentan las grandes empresas de comunicación (en la televisión y la prensa escrita, entre otras) por que su influencia ilimitada esté siendo socavada por la multiplicación de las iniciativas individuales en la blogosfera y la ciber-piratería, aunque ésta no busque necesariamente el lucro. Internet ha facilitado que el flujo de contenidos se salga del control de los medios tradicionales, no sólo en términos de comercio sino también del poder de controlar la información, que en realidad es lo que más les preocupa.
Explicaba Luis Miguel González, analista del diario El Economista, que los proyectos de ley SOPA y PIPA (ley de Protección a la Propiedad Intelectual) tienen efectos extraterritoriales. Podría aplicarse sobre ciudadanos mexicanos, radicados en México, si el Legislativo de Estados Unidos diera luz verde a esta nueva forma de definir y combatir la piratería.
Sin duda que muchos de los propietarios de esos contenidos tienen razón en buscar proteger sus derechos, pues invirtieron su creatividad y su dinero en ello. Pero por otra parte está el interés de los mercaderes que su mayor preocupación es el dinero. Y también, como extremo de la paradoja, se encuentra el derecho de la gente a tener acceso a la información de la forma en que les sea posible. En un país como México donde ir al cine resulta muy caro para una gran mayoría, la piratería es su única alternativa. El conflicto consiste en encontrar el equilibrio entre ambos derechos. O en hacer que la gente tenga mayores ingresos económicos.
Hay un curioso dilema en cuanto a lo que se refiere al cine mexicano. Entre los productores se ha extendido la preocupación de que sus obras (imágenes fijas o películas) sean pirateadas, cuando por otra parte esa indebida difusión también llega a favorecerlos, pues es precisamente la difusión uno de los grandes problemas del cine nacional. ¿Entonces porque limitar el uso de sus fotos, de sus carteles e incluso de las películas mismas, que por cierto, en muchos casos se trata de material publicitario que ofrecieron sin condiciones?
Se ha visto que, frente a las millonarias campañas publicitarias del cine de Hollywood, la mejor opción del cine mexicano es el "boca a boca" y, en ese apartado, Internet juega un papel primordial. Lo han probado éxitos recientes como "Presunto culpable" y "El Infierno", amenazadas por amagos de censura que lograron sortear gracias a la difusión extra-oficial.
Descendientes de grandes figuras ya fallecidas hace muchos años, como Tin Tan o Cantinflas, aspiran a seguir cobrando regalías por sus derechos, aunque en realidad ellos no hayan hecho nada. Y el legado de esas figuras forma parte de la cultura mexicana y, por ende, del patrimonio público. El beneficio social siempre debe ser más importante que el privado.
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en mayo de 2011 había casi 35 millones de usuarios de Internet en México, es decir, alrededor de un tercio de la población. Los otros dos tercios, la mayoría que es la más pobre, no cuenta con esa herramienta. El mismo estudio señalaba que la gran mayoría de los usuarios mexicanos de Internet son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad y el 60% es menor de 24 años de edad.
Estos datos son importantes porque nos demuestra que Internet favorece el flujo de la información y los contenidos, positivos y negativos, en un país con graves resagos en lo que se refiere al acceso a la información.
En México, el senador del PAN, Federico Döring Casar, dio a conocer la llamada “Ley Döring” que pretende reforzar los derechos de autor en nuestro país, entre los cuales destaca una iniciativa que permite al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual regula todo lo referente a marcas y patentes en México) realizar averiguaciones sin ningún tipo de orden judicial de por medio, de cibernautas que descarguen y distribuyan contenido en internet sin contener los derechos. Habría que preguntarle al Sr. Doring si pidió autorización de derechos de autor por promover una ley que no es idea original suya. ¿De qué estamos hablando entonces?
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La llamada iniciativa de Ley SOPA (Stop Online Piracity Act) que ha levantado revuelo en Estados Unidos y el mundo, pretende en términos generales prohibir la difusión indebida de cualquier tipo de contenido en Internet que esté protegido por derechos de autor y/o patrimoniales. La idea es garantizar que los auténticos propietarios de contenidos multimedia (textos, videos, películas, libros, fotografías, música, etcétera) puedan reclamar los beneficios económicos que supone una comercialización de los mismos.
La que parece justo a primera vista en realidad tiene muchas más complicaciones. Hay que advertir que existe una enorme preocupación de las grandes corporaciones, en particular las que detentan las grandes empresas de comunicación (en la televisión y la prensa escrita, entre otras) por que su influencia ilimitada esté siendo socavada por la multiplicación de las iniciativas individuales en la blogosfera y la ciber-piratería, aunque ésta no busque necesariamente el lucro. Internet ha facilitado que el flujo de contenidos se salga del control de los medios tradicionales, no sólo en términos de comercio sino también del poder de controlar la información, que en realidad es lo que más les preocupa.
Explicaba Luis Miguel González, analista del diario El Economista, que los proyectos de ley SOPA y PIPA (ley de Protección a la Propiedad Intelectual) tienen efectos extraterritoriales. Podría aplicarse sobre ciudadanos mexicanos, radicados en México, si el Legislativo de Estados Unidos diera luz verde a esta nueva forma de definir y combatir la piratería.
Sin duda que muchos de los propietarios de esos contenidos tienen razón en buscar proteger sus derechos, pues invirtieron su creatividad y su dinero en ello. Pero por otra parte está el interés de los mercaderes que su mayor preocupación es el dinero. Y también, como extremo de la paradoja, se encuentra el derecho de la gente a tener acceso a la información de la forma en que les sea posible. En un país como México donde ir al cine resulta muy caro para una gran mayoría, la piratería es su única alternativa. El conflicto consiste en encontrar el equilibrio entre ambos derechos. O en hacer que la gente tenga mayores ingresos económicos.
Hay un curioso dilema en cuanto a lo que se refiere al cine mexicano. Entre los productores se ha extendido la preocupación de que sus obras (imágenes fijas o películas) sean pirateadas, cuando por otra parte esa indebida difusión también llega a favorecerlos, pues es precisamente la difusión uno de los grandes problemas del cine nacional. ¿Entonces porque limitar el uso de sus fotos, de sus carteles e incluso de las películas mismas, que por cierto, en muchos casos se trata de material publicitario que ofrecieron sin condiciones?
Se ha visto que, frente a las millonarias campañas publicitarias del cine de Hollywood, la mejor opción del cine mexicano es el "boca a boca" y, en ese apartado, Internet juega un papel primordial. Lo han probado éxitos recientes como "Presunto culpable" y "El Infierno", amenazadas por amagos de censura que lograron sortear gracias a la difusión extra-oficial.
Descendientes de grandes figuras ya fallecidas hace muchos años, como Tin Tan o Cantinflas, aspiran a seguir cobrando regalías por sus derechos, aunque en realidad ellos no hayan hecho nada. Y el legado de esas figuras forma parte de la cultura mexicana y, por ende, del patrimonio público. El beneficio social siempre debe ser más importante que el privado.
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en mayo de 2011 había casi 35 millones de usuarios de Internet en México, es decir, alrededor de un tercio de la población. Los otros dos tercios, la mayoría que es la más pobre, no cuenta con esa herramienta. El mismo estudio señalaba que la gran mayoría de los usuarios mexicanos de Internet son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad y el 60% es menor de 24 años de edad.
Estos datos son importantes porque nos demuestra que Internet favorece el flujo de la información y los contenidos, positivos y negativos, en un país con graves resagos en lo que se refiere al acceso a la información.
En México, el senador del PAN, Federico Döring Casar, dio a conocer la llamada “Ley Döring” que pretende reforzar los derechos de autor en nuestro país, entre los cuales destaca una iniciativa que permite al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual regula todo lo referente a marcas y patentes en México) realizar averiguaciones sin ningún tipo de orden judicial de por medio, de cibernautas que descarguen y distribuyan contenido en internet sin contener los derechos. Habría que preguntarle al Sr. Doring si pidió autorización de derechos de autor por promover una ley que no es idea original suya. ¿De qué estamos hablando entonces?
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